La extradición, en la mayor parte de los tratados en vigor experimenta ciertas limitaciones, Una de ellas y tal vez la de mayor relevancia, es la de la nacionalidad de la persona requerida.
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En cuanto al derecho internacional se establece la obligación de extraditar; pero cuando se trata de nacionales del Estado requerido la entrega se torna facultativa, queda a juicio del Estado, pero con la obligación subsidiaria, que en el caso de que no se entregue, se enjuicie al nacional delincuente y comunicar el fallo al Estado requeriente. Extradición por delitos políticos[editar]
La extradición en estos casos puede ser más complicada debido a la dificultad para rastrear a los delincuentes y la falta de acuerdos internacionales específicos para estos delitos.
El tratado establece que la extradición puede ser concedida por delitos que estén previstos en el derecho penal de ambos países y que sean punibles con una pena privativa de libertad de al menos un año.
La extradición en su sentido más amplia es entendida como un mecanismo de cooperación internacional que busca combatir el crimen y evitar la impunidad.
El tratado de extradición entre España y Brasil contempla todos los delitos que se encuentran tipificados como delitos graves en las leyes de ambos países.
Además, el delito por el que se solicita la extradición debe ser considerado un delito en ambos países. Esto significa que el delito debe estar tipificado en las leyes de ambos países y que ambas jurisdicciones consideren el delito como un acto punible.
Si bien existe una cooperación internacional muy activa para la represión de los delitos, continúa existiendo la regla de que un Estado está obligado a conceder la extradición de un delincuente extranjero, solamente si existe tratado internacional con el Estado requirente o Convención Internacional sobre extradición, de la que ambos estados sean firmantes.
Este tratado ha sido de gran importancia para la lucha contra el crimen organizado y la cooperación judicial entre ambos países.
Firma por un abogado: Además de la presencia del procurador, la querella debe contar con la firma de un abogado colegiado. La participación de un abogado garantiza que se cumplan todos los procedimientos y normativas establecidos.
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La Guardia Civil arrestó por primera vez en agosto a la mujer acusada de querer unirse al Estado Islámico tras crear un archivo electronic con más de four.000 documentos multimedia radicales
No basta con decir que México debe castigar a sus propios delincuentes, hay que hacerlo. Es posible que a alguien le resulte embarazoso que el Estado mexicano reconozca implícita o explícitamente que i was reading this no puede mantener encerrados a sus grandes capos y que debe enviarlos a Estados Unidos, pero la realidad es que debería resultar mucho más vergonzoso que se comprometa a hacerlo y se demuestre, una y otra vez, que en realidad no puede.
